Los congresistas advierten contra el apaciguamiento, ya que la cuestión del cumplimiento de la ley domina las discusiones entre EE.UU. y Cuba.

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EE.UU. y Cuba empezaron a hablar sobre cuestiones de aplicación de la ley, y varios congresistas criticaron la idea de continuar la conversación con un país que sigue suponiendo un riesgo para la seguridad de Estados Unidos.



La congresista Maria Elvira Salazar, republicana de Florida, según Fox News Digital el Departamento de Estado comento «tiene que ser franco y transparente con el pueblo estadounidense en cuanto a la reunión celebrada en Cuba, y cualquier promesa hecha por la administración Biden a la dictadura». «Los países incluidos en la lista de «estados patrocinadores del terrorismo» no deberían ser objeto de negociaciones con Estados Unidos».

Salazar declaró: «Realmente espero que la administración no pretenda retirar a Cuba de esta lista, ya que encontrarán una resistencia permanente por parte de mi oficina y de la Ley FORCE, que propuse recientemente en el Congreso».

Los días 18 y 19 de enero se celebraron en La Habana negociaciones entre Estados Unidos y Cuba sobre «el interés bilateral en problemas de aplicación de la ley». Las discusiones, que, según el Departamento de Estado, tienen lugar «semestralmente», incluyeron temas como el narcotráfico, la trata de personas y la capacidad de EE.UU. para «luchar contra los actores ilícitos.»

El Departamento de Estado dijo comento que el objetivo del Diálogo era «aumentar la colaboración entre las fuerzas del orden, lo que promueve la seguridad nacional de Estados Unidos y nos ayuda a salvaguardar mejor a su población». También ofrece una plataforma para plantear temas desafiantes y expresar nuestras preocupaciones al gobierno cubano directamente.

Según el Departamento de Estado, la discusión «no refleja un nuevo compromiso diplomático entre EE.UU. y Cuba» y no es un «nuevo esfuerzo».

El Departamento de Estado reconoció que aunque las reuniones son semestrales, esta fue la primera vez desde 2018 en que la aplicación de la ley de ambas naciones fue el tema principal. Esto puso fin a una racha de cuatro sesiones que comenzó en 2015.

Antes de la discusión, los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott pidieron a la administración de Biden que insistiera en ciertos requisitos de Cuba como parte de cualquier colaboración.

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Los senadores solicitaron que la administración presionara a Cuba para que, entre otras cosas, celebrara elecciones libres y justas, liberara a todos los detenidos por «delitos políticos», extraditara a los estadounidenses que huyeron a Cuba para evitar el castigo de Estados Unidos y detuviera «la militarización de la migración masiva hacia nuestras costas».

Los senadores declararon: «Experiencias pasadas han demostrado que las conversaciones con gobiernos autoritarios, particularmente con aquellos que no respetan el estado de derecho, perjudican el bienestar y el deseo de vivir libremente del pueblo cubano.» «La única herramienta de política exterior que mejor beneficiará a nuestra seguridad nacional es la que imponga la democracia y el Estado de Derecho en Cuba.»

También reconoce lo crucial que es reforzar la protección de los derechos humanos, que son fundamentales para los ideales de nuestro país».

Rubio y el representante Mario Díaz-Balart, ambos republicanos de Florida, fustigaron a la administración de Biden en un comunicado que publicaron tras las discusiones por «hacer todo… para anular medidas de sentido común de la era Trump.»

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La creencia de la administración de que comprometerse con autócratas y abrir mercados «conducirá a la libertad y la prosperidad globales», según Rubio y Díaz-Balart, es infundada ya que «la historia dice lo contrario.»

Y añadieron: «Perderemos la influencia que necesitamos para detener más persecuciones si nos dedicamos al apaciguamiento con Cuba».

A la tiranía de Cuba no se le deben levantar las sanciones, dijeron, y también debe permanecer en la lista de países que financian el terrorismo. La vía del «compromiso», por otra parte, no beneficiará ni al pueblo cubano ni a Estados Unidos. «Hay formas prácticas en las que Estados Unidos puede ayudar al pueblo cubano».

Según una declaración anterior hecha por Rubio en agosto de 2022, cuando él y el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presentaron la Ley de Justicia Trooper Werner Foerster y Frank Connor, que exigía la extradición o devolución inmediata de todos esos fugitivos, Cuba alberga actualmente a más de 70 fugitivos de la justicia estadounidense, incluidos terroristas.

En esa declaración, afirmaron que Cuba «había robado justicia a estas víctimas y a sus familias» al negarse a cumplir con la extradición.

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